En los últimos días, diversas organizaciones sociales hemos denunciado el aumento de los controles policiales por perfil racial durante el proceso de regularización. Se trata de una práctica que consiste en parar e identificar a personas en la calle por su aspecto físico, color de piel, origen real o percibido, o forma de vestir. Esta denuncia se ha hecho pública en València y señala una preocupación compartida: ninguna persona debe ser tratada como sospechosa por no parecer europea.
Desde CIM Burkina nos sumamos a esta denuncia por la defensa de los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación. Los controles basados en el perfil racial afectan directamente a la dignidad de las personas, generan miedo, refuerzan estereotipos y deterioran la confianza en las instituciones.
Cuando una persona identificada no dispone de permiso de residencia, puede ser citada para la apertura de un procedimiento sancionador, detenida o trasladada a un CIE, sin que se tenga en cuenta necesariamente su arraigo, su tiempo de residencia, sus vínculos familiares o su situación concreta. Esta realidad resulta especialmente grave en un contexto en el que muchas personas están inmersas en procesos de regularización.
Regularizar no puede convivir con perseguir. Un proceso que pretende reconocer derechos no puede desarrollarse al mismo tiempo que se intensifican prácticas que exponen a las personas migrantes y racializadas a identificaciones injustificadas. La igualdad ante la ley exige que las actuaciones policiales se basen en criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios.
Las organizaciones firmantes hemos pedido medidas concretas para evitar estas prácticas: mejorar los mecanismos de control, recoger y analizar datos que permitan detectar patrones discriminatorios, formar a las fuerzas y cuerpos de seguridad en intervenciones no discriminatorias y abrir espacios de diálogo con entidades sociales y colectivos afectados.
La convivencia se construye desde el respeto, la igualdad de trato y la responsabilidad institucional. Por eso, reclamamos que las políticas públicas y las actuaciones policiales garanticen los derechos de todas las personas, especialmente de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad administrativa y social.
Defender los derechos de las personas migrantes y racializadas es defender una sociedad más justa, más democrática y más humana.
