Desde CIM Burkina, como entidad adherida al colectivo València pels drets de les persones immigrades, celebramos la noticia sobre la regularización de personas migrantes en situación administrativa irregular. Estamos ante un avance relevante en derechos y en condiciones de vida, con impacto directo en miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad, sostienen trabajos esenciales y mantienen redes comunitarias en nuestros barrios. La situación administrativa irregular es una consecuencia de normas y procedimientos que dejan a muchas personas fuera de derechos básicos durante años. Esa exclusión tiene efectos concretos: facilita abusos laborales, salarios injustos, jornadas sin protección, dificultades reales para denunciar por miedo a consecuencias administrativas, y barreras constantes para acceder a vivienda, formación y trámites básicos. Es un problema estructural que alimenta la explotación y debilita la igualdad.
La regularización abre una vía para corregir parte de esa injusticia. Cuando una persona consigue regularizar su situación, aumenta su seguridad jurídica y su capacidad de defender derechos laborales, firmar contratos con garantías, alquilar vivienda en condiciones, acceder a los servicios sanitarios y planificar su vida con estabilidad. Esto también beneficia al conjunto de la sociedad: reduce la economía sumergida, limita la impunidad de quienes se aprovechan de la vulnerabilidad y fortalece un marco de derechos que debería proteger a todas las personas que viven y trabajan aquí. La regularización tiene un contenido indiscutible de derechos humanos. Afecta a la dignidad, a la seguridad y a la igualdad de oportunidades. El impacto será especialmente importante para muchas mujeres migrantes, concentradas en sectores de cuidados y empleo doméstico, con altos niveles de informalidad y precarización. Regularizar reduce el margen para el abuso y hace más posible que los derechos laborales se ejerzan en la práctica.
Este avance llega por la presión social y por la organización sostenida de las propias personas migrantes y de la sociedad civil. La campaña Regularización YA ha sido determinante para colocar la regularización en el centro del debate público, visibilizar realidades invisibilizadas y defender una idea básica: una democracia coherente no puede sostener durante años una situación que facilita la explotación y el miedo.
Ahora, el desarrollo de la medida debe ser claro, accesible y aplicable, con información comprensible y sin laberintos administrativos que vuelvan a dejar fuera a quienes ya están en una posición más vylnerable. La administración tiene el deber de concretar criterios, plazos y procedimientos con transparencia, y de garantizar que el acceso no se convierta en una carrera de obstáculos donde ganan quienes tienen más recursos.
Advertencia práctica breve: en momentos como este aparecen estafas y ofertas engañosas. Hasta que no haya información oficial completa, conviene desconfiar de promesas de tramitación “inmediata” a cambio de dinero y evitar entregar documentación personal a desconocidos. La información fiable será la que se publique oficialmente y la que difundan entidades y recursos sociales de confianza.
Como parte del colectivo València pels drets de les persones immigrades, seguiremos compartiendo información verificada en cuanto se conozcan los detalles y seguiremos defendiendo derechos plenos para todas las personas que viven aquí. La regularización es un paso en esa dirección. Ahora toca que se materialice con garantías, con acceso real y con un enfoque de justicia social.
